Este activista de Amnistía Internacional suma 27 años de trabajo por los derechos humanos y ha tenido el mérito de coordinar el lobby internacional de esta ONG para incluir ciertos aspectos en el texto aprobado del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (TCA) impulsado por la ONU. “Estoy especialmente contento de que haya entrado lo que llamamos ‘la regla de oro’ (que no se puedan vender armas para cometer atrocidades contra la sociedad civil). Pero éste es un éxito de toda la sociedad civil, no sólo de Amnistia Internacional”.

Hablamos con Alberto Estévez antes de que coja un avión de vuelta a Vigo. Ha venido a Madrid para presentar a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados el infome ‘Jugando con Fuego’. En él Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam-Intermón analizan las exportaciones españolas en materia de defensa en 2013.

¿De verdad cada segundo muere una persona a causa de la violencia armada y el mercado armamentístico produce 12 millones de balas al año, dos por habitante?
Así es. Lo que esos datos muestran es el pernicioso efecto del comercio de armas global. Es el coste humano, demasiadas veces olvidado, los centenares de miles de personas víctimas de las atrocidades que se cometen con armas. El impacto de la falta de regulación adecuada del comercio de armas es tremendo (muertes, desplazados, niños y niñas soldado, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, torturas… )

Y ante esto Amnistía Internacional…
… Pensó hace 20 años que una forma adecuada de parar ese ciclo siniestro era cortar el flujo. Nosotros no somos una organización pacifista ni pro-desarme, de hecho no tenemos postura sobre el comercio de armas ‘per se’. Lo que buscamos es que ese mercado se regule adecuadamente al igual que pasa con cualquier otro tipo de mercancías.

Vosotros denunciáis el flujo indiscriminado de armas. ¿Qué quiere decir esto?
Nos referimos a la proliferación de armas en países donde no se fabrican y a la ausencia de una regulación internacional. Solo en torno a 40 países fabrican armas a gran escala y tienen normas y/o leyes nacionales que regulan el comercio de armas, pero hasta que no se ha redactado el TCA había una falta clamorosa de normas internacionales. Por ejemplo, países como Costa de Marfil o la República Democrática del Congo no son países productores de armas, pero a los que, por diferentes vías, llegan armas de todo tipo que se han empleado para matar, torturar, hacer desaparecer a personas civiles. Lo que buscamos es regular el flujo para que no se cometan abusos y violaciones graves de derechos humanos.

¿Y qué papel juegan los lobbies en el mercado de armas?
Pues un papel muy importante. Incluso las ONG somos un lobby. No dejamos de ser un grupo de presión, un lobby, aunque de algún modo seamos ‘un lobby bueno’, el de la sociedad civil articulada para promover la defensa de los derechos humanos.

Pero el otro lobby…
Lógicamente el lobby de la industria de los fabricantes de armas también está organizado, se juegan su dinero y les va mucho en ello.

¿Cómo es hoy el mercado de las armas?
Complejo y con una amplia red de actores. En los últimos años se ha privatizado y ha dejado de ser una cuestión de venta entre Estados, aunque todavía hay ventas de gobierno a gobierno. Hoy es una actividad de empresas privadas, que necesitan la autorización de sus gobiernos para exportar. Pero como muchas operaciones son triangulares, un intermediario puede organizarla con un teléfono móvil y un ordenador, gestionando las operaciones desde cualquier país y operando en bancos de paraísos fiscales. Por eso son operaciones complejas.

¿Cuánto dinero mueve este mercado?
Muchísimo. El valor de las transferencias internacionales de armas convencionales se aproxima a los 100.000 millones de dólares estadounidenses anuales. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo el volumen de las transferencias internacionales de las grandes armas convencionales creció un 14% entre los periodos 2004-08 y 2009-13.

¿Quiénes son hoy los mayores compradores de armas?
India, China, Pakistán, Corea del Sur, Singapur, Argelia, Australia, EEUU, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Y España ¿qué papel juega en todo esto? Creo que somos un gran exportador….
Efectivamente, España ocupó el séptimo puesto en la lista de los 10 principales exportadores de armas entre 2009 y 2013, con un 3% del mercado global.

En el sector no se ha notado la crisis…
Mira, en 2013 las exportaciones tuvieron un valor de 4.321millones de euros y diez años antes, en 2003, la cifra era de 383 millones euros. No, no es precisamente una industria en crisis.

¿Qué exportamos?
Sobre todo aeronaves militares, buques de guerra y los equipos de formación de imagen o contramedida. En 2012, España ocupó el cuarto lugar entre los principales exportadores de armas de la UE a Oriente Próximo, con 802 millones de euros.

¿Dónde están las fábricas de armas en nuestro país?
Muchas de ellas están en el País Vasco y otras en la zona centro, en Galicia, Andalucía y Levante. Algunas solo fabrican armas, otras producen material de doble uso, es decir, de un uso civil y militar. Las cifras se pueden consultar en el Informe Anual de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).

Visto el contexto, cuéntanos qué es el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.
Es el primer intento que ha conseguido establecer unas normas internacionales para regular el comercio internacional de armas convencionales y municiones, basándose en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario para controlar esas transferencias.

¿Algo más concreto?
Es un acuerdo logrado en la ONU en 2013, tras 10 años de campaña internacional de Amnistía Internacional y otras ONG, que establece unas normas globales sólidas y jurídicamente vinculantes sobre las transferencias internacionales de armas. El proceso para ‘cocinar’ el TCA duró 7 años, todo un récord para el estándar de Naciones Unidas.

¿Qué busca el TCA?
Establecer unos criterios para que los Estados autoricen o denieguen las ventas de armas, que consagra el principio de ‘la regla de oro’ (evitar transferencias de armas que puedan utilizarse para cometer atrocidades: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra). Controlar una importante serie de armas convencionales (desde tanques a revólveres) y, por último, establecer medidas de aplicación de estas medidas para control para regular las ventas y evitar, entre otras cosas, que las armas exportadas sean desviadas a otros países.

¿El objetivo final sería la transparencia?
Así es, establecer medidas que favorezcan la transparencia, como la elaboración de informes anuales sobre las exportaciones e importaciones. Yo creo que, junto a la Convención contra la Tortura de 1984 (que permitió, por ejemplo, que Garzón dictase una orden de detención para procesar a Pinochet en 1998) y la aprobación del Estatuto de Roma en 1998 que dio lugar a la creación de la Corte Penal Internacional, es el mayor logro de Amnistía Internacional al sistema internacional de protección de los derechos humanos.

Vamos avanzando…
Parece que cada tres lustros la comunidad internacional da pasos hacia delante. Hoy hay normas que permiten perseguir a los torturadores, tribunales para juzgar a los perpetradores de los crímenes más atroces y con el TCA se busca incidir en la prevención, eso es un cambio de paradigma. El TCA obliga a los Estados a una mayor atención a los factores estructurales que contribuyen a los conflictos armados y abusos contra los derechos humanos. Este cambio solo puede contribuir a hacer que la vida de millones de personas sea más segura. Países como España, Francia o Reino Unido, productores importantes de armas, ya han ratificado el Tratado, pero otros como EEUU (primer productor y exportador mundial) lo han firmado pero no ratificado y China está a la espera de ver qué hace EEUU. Rusia y la India no prevén firmarlo por ahora.

Y aquí ¿qué papel ha jugado España?
Bastante activo. Todo el arco parlamentario ha respaldado la iniciativa y el gobierno ha sido un firme defensor de ‘la regla de oro’ en todo el proceso, resultado de la campaña realizada en España por Amnistía Internacional, Oxfam-Intermón, Greenpeace y FundiPau. En la medida de sus posibilidades España contribuyó a hacer un tratado ‘a prueba de balas’.